Imprimir

Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, denunció la impunidad y discriminación en la que se encuentran los casos de violencia contra mujeres

Escrito por OSCAR SANTIZ. Posted in Periodismo de Género

IMG-20150309-WA0004San Cristóbal de Las Casas.- En el marco del Día Internacional de la Mujer, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, denunció la impunidad y discriminación en la que se encuentran los casos de violencia contra mujeres perpetrados por grupos paramilitares dentro del Conflicto Armado Interno no resuelto en Chiapas.


“Recordamos que con el levantamiento armado zapatista, el 1° de enero de 1994, el gobierno mexicano intensificó su estrategia contrainsurgente, implementando el Plan de Campaña Chiapas 94’, que consistió en la militarización y la creación de grupos paramilitares en la zonas indígenas de Chiapas. Todo esto provocó que cientos de mujeres y niñas sufrieran el desplazamiento forzado”, dieron a conocer en rueda de prensa.
 
Recuerdan que en la zona Norte del estado de Chiapas, entre los años 1994 a 2000 fueron registrados 122 casos cometidos por el grupo paramilitar Desarrollo Paz y Justicia, entre ellos 37 desapariciones forzadas, de las cuales cinco son mujeres y 85 ejecuciones extrajudiciales, entre ellas siete de mujeres.
 
Señalan que el 22 de diciembre de 1997, 45 indígenas tsotsiles, más cuatro aún no nacidos, fueron ejecutados por el grupo paramilitar priísta del municipio de Chenalhó, de los cuales 18 eran mujeres adultas, cuatro embarazadas de entre cinco a ocho meses y 16 mujeres adolescentes y niñas de entre ocho meses de edad y 17 años.
 
“En ninguno de los casos se ha llevado a cabo una línea de investigación que determine la violencia descomunal contra las mujeres. Actualmente la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha dejado en libertad a la mayoría de los paramilitares identificados como responsables”, apunto la vocera del organismo.
 
Anota que el 13 de noviembre de 2006, María Núñez González fue ejecutada cuando un grupo de 40 personas de la Organización para la Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos, (OPDDIC), del ejido Nueva Palestina, 3 acompañados por 300 policías y otros servidores y funcionarios públicos, ingresaron a la comunidad Viejo Velasco municipio de Ocosingo, provocando además tres ejecuciones extrajudiciales y cuatro desapariciones forzadas.
 
Como consecuencia añaden, se vieron obligados a desplazarse de manera forzada ocho mujeres, tres niñas, cinco niños y 20 hombres, y el 30 de abril de 2010, falleció Petrona Núñez González a consecuencia del estrés post-traumático, ya que el día de los hechos fue secuestrada, torturada y amenazada de muerte.
 
“En este contexto, el gobierno mexicano ha incumplido su responsabilidad de investigar efectiva y adecuadamente las ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas, debido a que sus funcionarios son parte de estos crímenes de lesa humanidad y han protegido a los responsables”, denunció.
 
Dejan ver que a varios años de la comisión de estos hechos, no hay avances en el esclarecimiento de la verdad, ya que no existe la identificación y sanción de los responsables materiales e intelectuales, ni muchos menos una reparación adecuada a los familiares, “no existe la mínima voluntad para conocer completamente lo que pasó”.
 
Por todo lo anterior concluyen que queda en evidencia que el Estado mexicano ha sido incapaz de dar respuesta a las graves violaciones a los derechos humanos cometidos en Chiapas.
 
“Sus instituciones no procuran ni administran justicia. Queda constatado un patrón de impunidad que frente a los casos de violencia contra las mujeres se ha generalizado en todas sus modalidades violatorias a los derechos humanos”, finalizó la vocera.