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Impunes, 100 delitos graves contra la libertad de expresión

Escrito por Mauricio Farah Gebara. Posted in Libertad de Prensa

libretaEn lo que va de la presente administración federal, se han perpetrado, al menos, 100 delitos graves en contra de la libertad de expresión. Atentar contra este derecho implica la agresión a personas y organizaciones concretas y, a la vez, la vulneración del derecho a la información de la sociedad.


Cuando se amenaza o agrede a un periodista o a un medio de comunicación todos resultamos afectados. No es discurso, a pesar de que esta afirmación se haya desgastado por la gran cantidad de ocasiones en las que funcionarios de todos los niveles declaran algo similar para luego pasar al reposo necesario después de haber dedicado tanta energía a ensalzar verbalmente la libre expresión.

 

Resultamos afectados porque cada vez que se inhibe o reprime la libre circulación de noticias y opiniones, nos vemos privados de esos contenidos, que son sustancia de la democracia, pues ésta se construye no sólo con las jornadas electorales sino con la participación de todos en la construcción de nuestra visión de lo que somos, de lo que queremos, proponemos o rechazamos.

De acuerdo con datos de las organizaciones Artículo 19 y Freedom House, desde 2007 han sido asesinados 47 periodistas y se ha desaparecido a 13. Para los periodistas la muerte, y para los agresores la impunidad.

La impunidad también para quienes han planeado y ejecutado las 40 agresiones a instalaciones de medios de comunicación, las más recientes en contra del Grupo Reforma en Nuevo León.

A estas cifras hay que agregar la enorme cantidad de amenazas o de agresiones “menores” que padecen los trabajadores de los medios y que han llevado a la práctica de la autocensura, como único mecanismo de protección, porque el otro mecanismo de protección, el oficial, avanza a su propio ritmo, a una velocidad exasperante, integrándose lentamente, en otro mundo.

Con la autocensura perdemos todos, pero no podemos pedirles a los medios que han optado por ella que la levanten porque tampoco podemos garantizarles su seguridad.

El gobierno federal y los gobiernos estatales han exhibido apatía e incapacidad para ofrecer garantías a medios y periodistas. Se puede sospechar incluso de complicidad. Son afirmaciones graves, desde luego. Pero las autoridades tienen una forma de desmentirlas: que actúen, que investiguen, que se detenga y lleve a juicio a los responsables; que nos digan cuántos de los 100 casos graves de agresiones a periodistas y medios se han resuelto.

Mientras la impunidad siga premiando a los agresores, los ataques continuarán en una espiral que de seguir ascendiendo nos llevará a escenarios de indeseable gravedad.

De acuerdo con Reporteros Sin Fronteras, México ocupa el lugar 149 entre 179 países en el ranking 2011 de libertad de expresión.

Los resultados en materia de justicia indican claramente que no hay autoridad que asuma la tarea de castigar los delitos en contra de periodistas. No lo hace ni la fiscalía federal creada para ese propósito ni las procuradurías locales. A nadie le importa.

Habrá que proponer, de una vez, la creación de la Secretaría de la Declaración Pública, para que al menos se concentre la grave responsabilidad de condolerse de las víctimas, llamarlas héroes, prometer justicia, y tener una base de datos con las frases más socorridas: Hasta las últimas consecuencias, no permitiremos que los periodistas sean rehenes de la violencia, defenderemos la libertad de expresión a toda costa, y toda esa plaga de declaraciones que escuchamos o leemos cada vez que se asesina a un periodista o que, armas de alto poder en mano, se atenta contra un medio de información.

La creación de tal secretaría en la federación y en cada gobierno estatal ratificaría, sin lugar a dudas, que a lo único que están dispuestas las autoridades es a hablar y a combatir con declaraciones las agresiones a sangre y fuego. Se institucionalizaría, así, la incapacidad, la indiferencia y, en su caso, la complicidad. Sabríamos a qué atenernos.

Pero lo que está en riesgo es la libertad de expresión, el ejercicio del periodismo, el derecho a la información, el autoconocimiento de la sociedad, la circulación libre y democrática de las ideas.

No podemos aceptar que se siga agrediendo a periodistas y medios y que sigan creciendo impunidad e inseguridad, ni que continúe deteriorándose el territorio de la información, sacudido ya por la sangre de las víctimas, el dolor de los deudos, las amenazas, la autocensura y el peligro siempre latente. 

¿A qué se reduce la democracia sin libertad de expresión y sin seguridad y justicia?


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